Introducción

Está plenamente asentado hoy en día que los cementerios deben ubicarse en emplazamientos fuera del núcleo urbano, en lugares “ventilados” y con suelos permeables pero en los que, de existir, las corrientes de agua subterránea no vayan en dirección a las poblaciones habitadas.

 

En España, la ley que regula el emplazamiento de los Cementerios es el Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. En su artículo 50 dispone genéricamente que:

El emplazamiento de los cementerios de nueva construcción habrá de hacerse sobre terrenos permeables, alejados de las zonas pobladas, de las cuales deberán distar, por lo menos, 500 metros. Dentro del perímetro determinado por la distancia indicada, no podrá autorizarse la construcción de viviendas o edificaciones destinadas a alojamiento humano.

Época clásica

No siempre ha sido así, aunque en las polis de la Grecia Clásica, las necrópolis (las ciudades de los muertos) sí que se situaban fuera de la ciudad, si bien tampoco en lugares demasiado alejados de ésta.

Los romanos, al principio, enterraban a sus muertos en sus propias casas, pues rendían culto a los antepasados como protectores de la familia. Sin embargo, más adelante se prohibió este uso para librar a los vivos de la infección de los cadáveres. Roma llegó a ser una ciudad muy populosa, lo que obligó a tomar precauciones extra, vetándose el enterrar o quemar cadáveres en su recinto.

Las catatumbas de Roma

Los primeros cristianos en el imperio romano, contravinieron estas leyes, pues deseaban ser enterrados en los lugares que ellos consideraban sagrados y cerca de las reliquias o restos de los mártires. Durante los siglos en los que el cristianismo fue perseguido por la autoridad, los primitivos cristianos excavaron túneles y recintos subterráneos para sepultar a los suyos, pues no deseaban “descansar” en las necrópolis paganas: estos recintos son las catacumbas. Los cristianos se reunían en ellas para celebrar los ritos de los funerales y los aniversarios de los mártires y de los difuntos.

Al proclamar Constantino el cristianismo religión oficial del Imperio Romano en el año 323, las primeras basílicas paleocristianas y los enterramientos de los cristianos pueden salir a la luz, en un sentido literal. En virtud de donaciones de algunos cristianos ricos se erigieron cementerios en los que se construían altares y capillas para las ceremonias fúnebres y ceremonias, respetándose en un principio las leyes civiles que prohibían enterrar dentro de las poblaciones.

Pero con el tiempo, hubo excepciones enterrando dentro de las iglesias a algunas personas notables (obispos, donantes,etc). Cundió el deseo de hacerse enterrar en los templos y se consiguió colocar los sepulcros inmediatos a las iglesias. Varias leyes civiles, remitían a la necesidad de enterrar fuera de las ciudades, pero el deseo de descansar al lado de los mártires y la pequeñez de algunos cementerios hizo que a fines del siglo VI casi todos los fieles se enterrasen en la iglesia.

Edad Media

Entramos en la Edad Media, donde nos encontramos con que la vida y la muerte se unen en un mismo espacio. Juntos, pero no revueltos, los muertos presentes en la vida cotidiana de los vivos dejaban clara su jerarquía. Las clases más elevadas, nobleza y aristocracia, los personajes más adinerados o aquellos pertenecientes a hermandades o cofradías ocupaban espacios privilegiados en el interior de los edificios religiosos, bien en capillas privadas, bien en criptas o en bóvedas excavadas en muros y suelos. La nave central, sin embargo, estaba  reservada a las categorías eclesiásticas y familias reales.

El resto de la población quedaba fuera del recinto sagrado ocupando todos los terrenos adyacentes a la iglesia, en los llamados cementerios parroquiales o “de feligresía”. Estos lugares se ordenaban a modo de claustros en los cuales las galerías cubiertas se reservaban a las capas medias que no podían costearse una capilla privada en el interior de la iglesia  y el centro del patio se dedicaba a tumbas en su mayoría anónimas y a fosas comunes que se reciclaban sin ningún pudor con el paso de los años para dejar terreno libre a los sucesivos enterramientos.

Pero en 1348 llegó la epidemia de la peste negra a Europa que acabó con casi la tercera parte de la población durante la segunda mitad del siglo XIV. En las ciudades, la peste tuvo más incidencia. Las posibilidades de contagio eran mayores. La arcaica medicina de los galenos de la época atribuía el contagio al aire viciado y a la falta de salubridad en las ciudades, (lo cual no era del todo desacertado, por lo menos en lo que respecta a la propagación de la epidemia). Los muertos comienzan a amontonarse, y para combatir la epidemia se quemaban las casas y objetos personales de los muertos, se enterraban a todos juntos (a veces no muy afortunadamente, arrojándolos al río, lo que contribuía a propagar no sólo la peste sino otras enfermedades como el cólera).

La ilustración

Algo se aprendió a raíz de la peste,  y cuando la sociedad se recompuso de la profunda crisis que supusieron las epidemias medievales, y llegó la ilustración, se llevó a efecto la higiene colectiva de las ciudades, con un sistema de recogida de basuras, una red de alcantarillado y de aguas fecales y se comenzó a ubicar a los cementerios lejos de las ciudades. Es en Francia, en concreto, hacia el siglo XVII, donde aparecen los primeros cementerios modernos no adyacentes a las iglesias.

La cuestión del enterramiento en el interior de los templos fue un tema planteado a lo largo del Setecientos; y fue la Iglesia misma la que estuvo a favor de limitar estos enterramientos. La perspectiva del Estado se planteó desde el punto de vista higiénico. Si durante todo el siglo XVIII se sucedieron políticas de prevención para desterrar el riesgo de epidemias, con el control del tráfico portuario, la ejecución de planes generales de alcantarillado y la retirada de desperdicios de las vías públicas, el enterramiento en el interior de las poblaciones continuaba constituyendo un evidente riesgo para la salud pública.

En España, la orden de construirse los cementerios fuera del poblado para quitar la costumbre insalubre de enterrar en las iglesias de España data del año 1773.  Se perfeccionó tal orden en 1784, cuando Carlos III dispuso que a partir de entonces los cadáveres no fueran inhumados en los templos e incluso restringiendo más adelante  el derecho de inhumación en los templos a los prelados, patronos y personas del estamento religioso. Como ejemplo a seguir, el gobierno de Carlos III decide construir un cementerio para el Real Sitio de San Idelfonso, dotado de un Reglamento para el mismo y financiado enteramente por el rey.

Cementerio del Real Sitio de San Idefonso

Se disponía, asimismo, la construcción improrrogable de «los Cementerios fuera de las Poblaciones siempre que no hubiere dificultad invencible ó grandes anchuras dentro de ellas, en sitios ventilados é inmediatos á las Parroquias, y distantes de las casas de los vecinos», aprovechándose para capillas de los mismos cementerios «las Ermitas que existan fuera de los Pueblos». Esta edificación se ejecutaría atendiendo al proyecto que en cada caso presentaran de común acuerdo el cura y el corregidor de la población respectiva.

Siglo XIX

Sin embargo la aplicación de esta orden se dilató al menos hasta la primera década del siglo XIX, tanto por las limitaciones presupuestarias de las administraciones parroquiales como por las resistencias de los feligreses.

Iglesia Parroquial de Olsón (Huesca), con cementerio adosado

Carlos IV, en 1804, dictó varias medidas para activar la construcción de los cementerios extramuros y recordó a todos los cabildos locales los perjuicios que ocasionaba la ausencia de cementerios en condiciones: «los funestos efectos que ha producido siempre el abuso de enterrar los cadáveres en las Iglesias, se han comprobado con mucha especialidad en los años próximos y en el presente, en que afligidas las mas de las Provincias del Rey no, y muy señaladamente las de las dos Castillas, con enfermedades malignas, han experimentado un lastimoso estrago». Por esta razón había de ejecutarse las obras de forma inmediata y no esperar a que se desatara cualquier epidemia, «pues han sido muchos los Pueblos que, viendo fomentarse rápidamente las enfermedades en su recinto, y no pudiendo dudar que llegarían a causar su total desolación, si no adoptaban como una de las medidas mas esenciales la de suspender los enterramientos en las Iglesias, la han abrazado espontáneamente, disponiendo se hiciesen en parajes ventilados y distantes de poblado».

Durante el siglo XIX se sucedieron otras Reales Ordenes en 1806,1833,1834 y 1840, recordando la prohibición, recalcando la idoneidad de construir los cementerios fuera de los poblados, de acuerdo a una serie de recomendaciones: situarlos en lugares altos, alejados del vecindario y sin filtración de aguas y concediendo facilidades económicas.

Los problemas de implantación de estas ordenes, sin embargo, continuaban pues eran bastante imprecisas y tampoco se determinaba la jurisdicción municipal o eclesiástica, debatiéndose esta cuestión de quién debía hacerse cargo de la iniciativa de construcción y mantenimiento de los camposantos mientras se dilataba su aplicación efectiva, por ello en 1855 aún carecían de cementerio 2.655 pueblos de España.

En 1833 se pone fin a estas discrepancias mediante Reglamento en el que se creaba una jurisdicción mixta eclesiástico-civil,  el Municipio debía hacerse responsable de la construcción del nuevo recinto, mientras que su custodia quedaba en manos de las autoridades eclesiásticas.

Por Real Orden de 2 de abril de 1883 se crean los cementerios civiles, la norma establecía que en los ayuntamientos cabeza de partido judicial y en aquellos con más de 600 vecinos se habilitara junto al camposanto católico, pero respetando el cerramiento de éste y con entrada independiente, un espacio de terreno cerrado destinado al enterramiento de los muertos fuera de la comunión católica, como cementerio civil (en el sentido preciso de no católico). En ellos se daría sepultura y se guardaría memoria de liberales, renovadores, inconformistas y personas contrarias al rito católico (tanto por ideología como por confesión), y de otros sectores de la vida y el pensamiento español (además de masones y protestantes).

Siglo XX

Finalmente, entrados en el siglo XX, el 8 de enero de 1932, en la II República, entra en vigor un decreto en el que se tomaba en consideración los problemas que a los ensanches de las poblaciones causan los cementerios, así como la creciente necesidad de espacio para enterrar:  como consecuencia todos los ayuntamientos podrán practicar con esta ley cremaciones -entendidas como servicio municipal-, contando con instalaciones autorizadas por la Dirección General de Sanidad y observando en todo momento la voluntad del finado o los decretos gubernamentales en casos especiales, como grandes epidemias o desastres.

La ley de cementerios municipales y su posterior reglamento significan la eliminación de las diferencias por causas confesionales. La ley, de 30 de enero de 1932, se inicia con la siguiente declaración: “Los cementerios españoles serán comunes a todos los ciudadanos, sin diferencias fundadas en motivos confesionales”, para proseguir con artículos que contemplan la colocación de la inscripción Cementerio Municipal en las portadas, la práctica de ritos funerarios únicamente en la sepultura, y la desaparición física de las tapias separadoras de los cementerios católico y civil.

Cementerio Civil de la Necrópolis del Este de Madrid

Toda guarda, administración, régimen y gestión corresponderán a los ayuntamientos, y en los municipios en los que no se cuente todavía con cementerio municipal, en un plazo máximo de un año se verían obligados a construirlos, pudiendo incautarse de los cementerios parroquiales que pudieran existir, incluso mediante expropiación. Otras medidas contenidas en la ley son el mantenimiento de los cementerios privados existentes, sin posibilidad de ampliación tanto en número como en dimensiones, y la eliminación de los permisos de inhumación en templos y criptas.

Esta última prohibición se revertió durante la Guerra Civil, por la Orden, del 31 de octubre de 1938, que vuelve a permitir las inhumaciones en templos o criptas, en función de las solicitudes efectuadas, muchas de ellas de acuerdo con la legislación previa a la prohibición.

En el mismo año, se promulga Ley de Cementerios de 1938, en cuyos siete artículos se desprende el máximo espíritu confesional: “Las autoridades municipales restablecerán en el plazo de dos meses, a contar desde la vigencia de esta Ley, las antiguas tapias, que siempre separaron los cementerios civiles de los católicos”. Se reconocen y devuelven a la Iglesia ya las parroquias los cementerios incautados, quedando bajo la total jurisdicción eclesiástica los cementerios católicos, y bajo la civil los cementerios civiles.

En la Ley de Bases para Régimen en Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, del 17 de julio de 1945, y en la Ley de la Administración Local, decreto de 16 de diciembre de 1950, los cementerios se engloban dentro de la categoría de servicios municipales, siendo además obligatorios y susceptibles de municipalización los servicios funerarios.

La Ley de 3 de noviembre de 1978  verifica la práctica, ya habitual en la mayoría de los cementerios desde mediados de los años sesenta, de enterramiento en los Cementerios Municipales sin discriminación alguna por cuestiones de religión o de cualquier otro motivo. Los ritos religiosos tendrán lugar en cada sepultura o en la capilla, emplazándose a los ayuntamientos para que en un plazo máximo de un año se produzca la conexión entre ambos cementerios: civil y católico.